En concreto, aseguran que sus 32 familias llevan siete meses sin cobrar «por decisión del rector de la Universidad, Javier Ramos». Por ello, han lanzado una campaña a través de ‘GoFundMe’ para solicitar aportaciones solidarias «para poder afrontar el propio sustento económico de las personas que trabajan por y para la educación pública y las artes escénicas».
Sin embargo, fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos han explicado a diversos medios que los profesores son personal del Instituto de Danza Alicia Alonso, niegan que la URJC no esté pagando a estos docentes y reclama hacerse cargo de la gestión del Grado de Danza ya que el convenio con la Fundación del Instituto Alicia Alonso «ha finalizado».
El Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, según explican las familias que firman la petición, es un centro pionero en España en la implantación de programas académicos de alta especialización, enfocados a la docencia, creación artística de calidad e investigación de la danza y las artes del espectáculo.
Ubicado en el Campus de Fuenlabrada de la URJC, es un centro de «excelencia formativa» de denominación específica de la Fundación Pública Alicia Alonso, adscrito en régimen de autonomía a la Universidad Rey Juan Carlos como centro autorizado de Enseñanzas Artísticas Superiores, que imparte grados en danza, teatro, circo y dos másteres, todo ello títulos oficiales y de tasa pública.
«Un gran valor a cuidar en la educación pública que pretende ser eliminado pasando por encima de alumnos y profesores», advierten las 32 familias, que lamentan que la Justicia «va muy lenta y son cinco años de guerra declarada», donde, según aseguran, hay 17 autos y una sentencia a su favor, aunque se encuentran «esperando una sentencia firme desde hace casi dos años».
En este contexto, detallan que «el último ataque es no pagar definitivamente al Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso el presupuesto anual para afrontar las nóminas de los trabajadores», con la, en sus palabras, «clara y dolosa intención» de que abandonen su labor.
«Dicho presupuesto, tal y como reconoce el Tribunal Superior de Justicia, no produce perjuicio alguno a la Universidad, ya que sale del dinero recaudado en las propias matrículas. Pero eso le da igual a Javier Ramos, pues lo que pretende con esta asfixia es que abandonemos nuestro puesto y una vez estemos fuera, y extinguido el Instituto, de nada sirva que la justicia nos dé la razón nuevamente. Como pueden observar, el comportamiento de Javier Ramos dista mucho del deseable en un rector», sentencian las familias.
Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos envió la semana pasada una resolución avisando de que el próximo año su institución se haría cargo del Grado de Danza, para pagar directamente a los profesores, y reclamando al Instituto de Danza Alicia Alonso que abandonara las instalaciones de la Universidad.
Aunque la URJC y el Instituto de Danza Alicia Alonso han tenido un convenio «durante muchos años», desde la Universidad, que daba una asignación económica al instituto, detallan que este convenio ha finalizado e insisten en terminar la relación, hacerse cargo del Grado de Danza directamente y asumir la gestión del personal.
En este momento no hay ningún convenio firmado con el Instituto de Danza, según afirman las mismas fuentes, que destacan que el no saber en qué gastaba la partida económica el Instituto «está retrasando las cosas» y que debe responder del pago a su personal.